Por: Mario Sotelo,h
La empresa Real de Punta Leona presentó una denuncia penal ante la Fiscalía de Garabito contra el alcalde del cantón, Francisco González, por el presunto delito de abuso de autoridad, relacionado con hechos ocurridos el pasado 2 de julio. Según confirmó la compañía, la acción legal se da tras el ingreso del alcalde a terrenos privados vinculados a Punta Leona, a pesar de la existencia de medidas cautelares previas que le prohíben ejecutar actos como demoliciones o aperturas de caminos sin el debido proceso legal.
El conflicto: El 2 de julio, González visitó este centro turístico junto a un equipo multidisciplinario, argumentando que varias estructuras podrían estar dentro del área pública de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT), protegida por la Ley 6043, que limita la explotación a partir de los 50 metros detrás de la marea alta. Ante esto, Punta Leona Beach Club & Nature Resort denunció por medio de sus redes sociales que el jerarca municipal se presentó con el fin de que se derribara la aguja que está colocada en una propiedad privada de Punta Leona y terceros, sin mediar algún procedimiento administrativo.
“Se le informó que no se procedería conforme sus intenciones y mucho menos sin entregarse una orden, pues se trataba de una propiedad privada, y que cualquier intento de violentar o quitar la aguja iría contra el derecho a la propiedad privada, por lo que deberían responder a esos actos”, indicó la empresa. El complejo reafirmó que todas las infraestructuras están en propiedad privada, respaldadas técnica, jurídica y registralmente, y que sí hay acceso público a Playa Blanca.
Este jueves 10 de julio de 2025 el alcalde de Garabito se presentó nuevamente en el lugar, por lo que funcionarios de la empresa lo recibieron y le reiteraron que Playa Blanca es pública.
El alcalde entrega la resolución emitida por un juez y ratificada por el Tribunal de Casación donde se le ordena a la Municipalidad de Garabito, hace más de 2 décadas, la apertura del camino entre playas Mantas y Blanca. " Respetamos la propiedad privada, pero también somos garantes de la legalidad”, indicó el gobierno local en sus redes sociales. Durante dicho encuentro, un notario público le comunicó al alcalde la existencia de 2 medidas cautelares provisionales ordenadas por el Tribunal Contencioso Administrativo del Segundo Circuito Judicial de Goicoechea, según confirmó la empresa. Por su parte, Punta Leona Beach Club & Nature Resort alega que el alcalde dio informaciones que no son veraces. La empresa ha señalado en múltiples ocasiones que Playa Blanca es pública, existe acceso público y no se está impidiendo el sano disfrute hacia la playa.
Además, el alcalde ha realizado manifestaciones dispersas y erráticas con amenazas que son abiertamente ilegales por no seguirse los canales legales apropiados a través de procedimientos administrativos
" A la fecha, la alcaldía municipal no ha notificado ni un solo acto administrativo ni traslado de cargo, ni ninguna resolución administrativa, todas sus actuaciones han sido de hecho y sus comunicaciones verbales”, explicó la compañía turística. La empresa también señala que las instalaciones que el alcalde pretende demoler están a derecho, ya que las propiedades donde se ubica Punta Leona Beach Club & Nature Resort se inscribieron antes de la vigencia de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre. Se basa en los artículos 45 de la Constitución Política y 264 y 295 del Código Civil para el derecho a mantener su propiedad asegurada.
